El Senado vivió una sesión tensa y ruidosa cuando Morena y sus aliados empujaron, con dispensa de trámites, la aprobación en lo general de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. La votación dejó claro el peso de la mayoría: 85 a favor y 36 en contra, suficiente para abrir paso al cambio legal más controvertido del momento, mientras la discusión de 23 reservas avanzaba entre reclamos y choques discursivos.
El debate se convirtió en un ring político. La oposición acusó al oficialismo de querer controlar políticamente a los productores del campo y denunció un supuesto cerco de inconformes afuera del recinto, algo que no se comprobó. El bloque mayoritario respondió exhibiendo carteles con rostros de figuras del pasado —Vicente Fox y César Duarte— a quienes señalaron de beneficiarse de concesiones de agua. PAN y PRI no se quedaron atrás: desplegaron mantas con advertencias de “traición” al campo y acusaciones de convertir el agua en botín.
El corazón del conflicto está en el nuevo régimen de concesiones. La reforma elimina la posibilidad de vender, transferir o cambiar el uso del agua asignada. Para el oficialismo, esto frena la mercantilización del recurso; para la oposición, significa estrangular al campo y poner en riesgo la producción alimentaria.
La discusión avanzó después de que la Cámara de Diputados avaló la minuta y de que el Senado rechazó una moción suspensiva del PAN.
