Mientras la austeridad recortó seguros médicos para la mayoría del sector público, en la Fiscalía General de la República operó un esquema privilegiado para altos mandos durante la gestión de Alejandro Gertz Manero. Con coberturas que incluían desde atención hospitalaria completa hasta protección en actividades de alto riesgo como motociclismo, buceo, alpinismo o incluso tauromaquia, el programa consumió más de mil millones de pesos del erario.
Los contratos disponibles en Compras MX muestran sumas aseguradas que alcanzaron niveles inusuales: el fiscal general contó con una cobertura que se multiplicó hasta llegar a 20 millones de pesos, mientras que mandos medios y superiores accedieron a montos de entre 3 y 7 millones. El paquete también incluía beneficios para familiares directos y servicios médicos que van desde cuartos privados con acompañante hasta tratamientos especializados, prótesis, terapias y cirugías de amplio espectro.
La póliza extendió su protección a accidentes derivados del uso de motocicletas, deportes extremos, operaciones fuera del país y procedimientos de alto costo. Incluso contempló atenciones por VIH/sida, correcciones visuales, aparatos auditivos y urgencias en hospitales privados de élite, sin presencia de clínicas públicas en la lista.
El contraste es evidente: mientras la Ley de Austeridad eliminó estos privilegios para el resto de los servidores públicos, dentro de la FGR sobrevivió un modelo blindado y cada vez más costoso. El gasto revela una paradoja incómoda: la institución encargada de procurar justicia mantuvo para su cúpula un nivel de protección que la mayoría de los mexicanos jamás podría pagar.
