El Congreso de la Ciudad de México pidió a la Fiscalía General de la República abrir una investigación a fondo sobre los presuntos vínculos del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y de las dirigencias estatales en la capital y el Estado de México, con los hechos violentos registrados durante la marcha convocada por jóvenes en redes sociales. El exhorto también plantea indagar posibles nexos con grupos porriles y con la organización delictiva conocida como “los 300”.
En tribuna, el diputado Paulo Emilio García, de Morena, sostuvo que la protesta fue utilizada para detonar un “modus operandi” que —según dijo— la dirigencia priista ha reproducido para financiar y organizar actos de violencia. Afirmó que alrededor de 100 porros habrían sido convocados y pagados para generar agresiones, desviando el carácter pacífico de la manifestación.
El punto de acuerdo subraya que la marcha, promovida por influencers y colectivos juveniles, fue infiltrada por grupos de choque cuyo fin no era protestar, sino provocar enfrentamientos con policías y asistentes. Por ello, también se llamó a la Fiscalía capitalina a identificar a quienes financiaron y coordinaron esta operación, con el fin de proteger el derecho de las juventudes a manifestarse sin ser instrumentalizadas.
Desde la oposición, la diputada Tania Larios, del PRI, rechazó las acusaciones y aseguró que se sustentan únicamente en publicaciones del periódico Regeneración Nacional. Argumentó que Morena actúa como si existiera una comisión especial sin que esta haya sido formalmente creada.
En contraste, legisladoras de Morena insistieron en que lo ocurrido no fue espontáneo y que militantes priistas reconocieron la presencia de grupos organizados. En el debate, el PAN responsabilizó al actual gobierno del origen de los grupos radicales, mientras que el PVEM recordó que los porriles han tenido históricamente vínculos con el antiguo partido hegemónico.
