La red que rodeó al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras la emisión de una nueva orden de aprehensión contra dos de sus excolaboradores más cercanos. La decisión judicial se relacionó con un posible daño al erario federal que superaría los 130 millones de pesos.
La jueza federal Yaksi Kinari Alquicira determinó proceder contra quienes encabezaron áreas clave durante esa administración: Carlos Maldonado Mendoza, exresponsable de las finanzas estatales, e Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública. Ambos enfrentan acusaciones por presuntamente autorizar pagos a empresas privadas sin respaldo contractual ni evidencia de servicios prestados.
De acuerdo con la investigación, entre inicios y finales de 2020 se habrían gestionado decenas de solicitudes de pago que terminaron en transferencias millonarias a compañías como Grupo Octano, Centro Carretero San Jorge y Seguros El Potosí. La mecánica, según el expediente, consistió en canalizar recursos provenientes de participaciones federales hacia estas firmas sin documentación que justificara las erogaciones.
El caso cobró mayor dimensión luego de que la Fiscalía General de la República iniciara acciones tras una denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación. En paralelo, también se señaló que ambos exfuncionarios estarían vinculados con otro expediente relacionado con el presunto desvío de miles de millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles policiales.
Mientras Maldonado permanece detenido, Patrón Reyes continúa prófugo, lo que llevó a las autoridades mexicanas a solicitar su extradición desde Estados Unidos.
