El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, continuará internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano después de que una jueza ordenó prisión preventiva por la acusación de lavado de dinero. La resolución surgió tras una extensa audiencia inicial que se prolongó durante más de quince horas en los juzgados de Almoloya de Juárez.
Durante la sesión, la Fiscalía General de la República expuso más de un centenar de elementos que, según su valoración, acreditan la participación del exmandatario en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Frente a esto, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para preparar su estrategia y esperar la definición sobre su posible vinculación a proceso, programada para el próximo sábado.
Los abogados de Duarte intentaron invalidar la orden de aprehensión emitida en mayo de 2024, alegando irregularidades relacionadas con el tratado de extradición. Sostuvieron que el Estado mexicano carecía de facultades para detenerlo nuevamente por un delito distinto a los que motivaron su entrega desde Estados Unidos. Sin embargo, la jueza declaró improcedente el recurso al considerar que se trata de causas penales separadas.
La defensa insistió en que la detención vulnera derechos y compromisos internacionales, argumentando que Duarte confiaba en que no podía ser arrestado por cargos adicionales. No obstante, la FGR afirmó que se obtuvo la autorización del gobierno estadounidense para procesarlo por un delito distinto, aval que llegó a inicios de diciembre.
Duarte, gobernador entre 2010 y 2016, enfrenta procesos relacionados con desvíos de recursos públicos. Aunque ya había sido extraditado por peculado y asociación delictuosa, la investigación por lavado de dinero avanza de manera paralela. La autoridad federal remarcó que, pese a los señalamientos, el exfuncionario permanece bajo el principio de presunción de inocencia hasta que se determine lo contrario.
