El Congreso capitalino aprobó una reforma al artículo 209 del Código Penal local para fortalecer las sanciones por amenazas, una de las formas de violencia más comunes y que, según legisladores, funciona como un mecanismo de control que puede escalar hasta agresiones graves o feminicidios. La iniciativa fue impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y por la diputada priista Tania Larios, quienes coincidieron en la necesidad de actualizar el marco jurídico frente a nuevas dinámicas de intimidación.
El dictamen establece penas de uno a dos años de prisión o multas elevadas para quien, por cualquier medio, amenace con causar daño grave a otra persona o a alguien con quien ésta tenga vínculos afectivos. La intención es reconocer que estas agresiones no sólo afectan la integridad física, sino también la estabilidad emocional y la libertad cotidiana de las víctimas.
Durante la discusión, legisladoras del PT subrayaron que la violencia de género sigue siendo una de las principales causas de lesiones y muertes de mujeres en la ciudad, por lo que la reforma incorpora una perspectiva de género y reconoce modalidades digitales que antes quedaban en un vacío legal. Desde la oposición, se destacó que la intimidación puede tener efectos devastadores, especialmente en mujeres y grupos vulnerables, y que la libertad de expresión no puede utilizarse como excusa para justificar agresiones o la difusión de contenido sexual sin consentimiento.
La reforma fue presentada como un avance necesario frente a un delito que, aunque frecuente, suele minimizarse. Entre los argumentos centrales estuvo la urgencia de reforzar la protección emocional y física de las víctimas, así como enviar un mensaje claro a quienes utilizan el miedo como herramienta de poder. El reto ahora será garantizar que estas modificaciones no se queden en el papel y que las autoridades realmente ofrezcan respuestas efectivas en un contexto donde las amenazas siguen siendo la antesala de violencias mayores.
