La Inteligencia Artificial dejó de ser un tema del futuro para convertirse en una discusión urgente dentro del marco legal mexicano. En ese contexto, desde la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa que busca abrir la puerta a una regulación formal y con alcance constitucional sobre el desarrollo y uso de esta tecnología.
La propuesta plantea modificar el artículo 6 de la Constitución con el objetivo de otorgar al Congreso de la Unión la facultad expresa de legislar en materia de Inteligencia Artificial. Con ello, se busca construir un marco jurídico propio que establezca criterios claros para su aplicación, evitando vacíos legales y usos discrecionales.
El planteamiento incorpora una serie de principios rectores que deberían guiar cualquier desarrollo tecnológico en este ámbito. Entre ellos destacan la ética, la protección de la dignidad humana, la seguridad, el resguardo de datos personales, la transparencia, la responsabilidad y la inclusión, así como el respeto pleno a los derechos humanos. La intención es que la innovación tecnológica no avance sin límites ni controles, sino que esté alineada con el bienestar social.
Desde esta perspectiva, la iniciativa subraya que México no debe limitarse a adoptar tecnologías creadas en otros países, sino participar activamente en la definición de cómo se diseñan, regulan y utilizan. Para ello, se considera indispensable un marco normativo que impulse la innovación y el desarrollo económico, pero que mantenga como eje central a las personas.
El análisis de experiencias internacionales refuerza este argumento. Modelos regulatorios impulsados en Estados Unidos, Canadá y especialmente en la Unión Europea muestran una tendencia clara hacia la creación de reglas específicas para la Inteligencia Artificial, ante su impacto creciente en la vida pública y privada.
