En 2025, la alcaldía Benito Juárez se colocó en el centro del debate urbano en la Ciudad de México. De acuerdo con datos de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), la demarcación acumuló 58 desarrollos inmobiliarios señalados como irregulares, una cifra que la ubicó entre las zonas con más quejas por este tipo de obras. A nivel ciudad, se registraron 428 denuncias relacionadas con construcciones fuera de norma.
Las inconformidades no surgieron de la nada. Vecinas y vecinos de colonias como Narvarte, Del Valle, Nápoles y Portales comenzaron a alzar la voz ante edificios que, aseguran, crecieron más allá de lo permitido. Falta de permisos visibles, pisos de más, ruido a deshoras, daños a inmuebles contiguos y tala de árboles sin autorización se repitieron como los principales motivos de denuncia.
Ante este escenario, la alcaldía realizó 378 visitas de verificación a obras en proceso. El resultado fue la suspensión de 79 construcciones, la mayoría vinculadas a desarrollos de vivienda vertical que no cumplían con la normatividad urbana o con medidas básicas de protección civil. Aun así, para muchos habitantes, las acciones llegaron tarde.
El malestar aumentó con las investigaciones de la Fiscalía capitalina por el llamado “cártel inmobiliario”. Hacia finales de 2025, se contabilizaban alrededor de 55 carpetas de investigación por presunta corrupción en la autorización de proyectos, varios de ellos ubicados en Benito Juárez. Esto reforzó la percepción de que el crecimiento inmobiliario no siempre ha sido transparente.
Más allá de lo legal, el impacto se siente en lo cotidiano: presión sobre el agua y el drenaje, calles saturadas y un encarecimiento acelerado de la vivienda que empuja a familias de toda la vida a dejar la zona. El desarrollo urbano, que prometía modernidad, terminó abriendo una discusión incómoda pero necesaria: crecer sin orden también tiene costos, y Benito Juárez es hoy el mejor ejemplo de ello.
