En pleno proceso de definición de la próxima reforma electoral, una palabra volvió a colocarse en el centro de la discusión pública: autonomía. Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, cuestionó abiertamente que ese término sea el adecuado para describir al Instituto Nacional Electoral (INE), una postura que reavivó el debate sobre el lugar que ocupa el árbitro electoral dentro del Estado mexicano.
Durante un encuentro con medios, Gómez fue claro al marcar su postura. Reconoció que el INE debe tomar decisiones sin presiones políticas y actuar con imparcialidad, pero subrayó que eso no lo convierte, en sentido estricto, en un órgano autónomo. Para él, el instituto es parte del aparato del Estado y cumple funciones específicas establecidas por la Constitución, no una entidad que se gobierne a sí misma.
El señalamiento llega en un momento clave. El gobierno federal afina los últimos detalles de una propuesta de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso, y cualquier matiz sobre el rol del INE tiene implicaciones directas: desde su relación con el Ejecutivo, hasta su presupuesto y las reglas bajo las cuales organiza las elecciones.
Gómez insistió en que su postura no busca descalificar el trabajo operativo del instituto ni poner en duda su relevancia. Más bien, dijo, se trata de revisar con precisión cómo se define su papel dentro del entramado institucional. Desde su visión, tanto el aparato administrativo como el judicial son herramientas de la soberanía del Estado para hacer cumplir la ley, y por eso rechaza llamar “autónomos” a órganos como el INE.
La discusión va más allá de un debate semántico. Nombrar al INE como autónomo o no influye en cómo se le exige rendición de cuentas y cómo se equilibran los poderes. En un país donde la confianza en las instituciones electorales es clave para la estabilidad democrática, el reto será encontrar un punto medio: fortalecer su independencia sin perder de vista que forma parte del Estado al que sirve.
