Lo que durante años fue presentado como una de las principales banderas de Acción Nacional en materia de apoyo a las familias y al cuidado infantil enfrenta ahora un escenario incierto en la alcaldía Benito Juárez. La administración encabezada por Luis Mendoza se encuentra bajo cuestionamientos luego de que desapareciera el programa de subsidios para estancias infantiles que operó de manera continua en los últimos años y que beneficiaba a decenas de niñas, niños y padres de familia.
La polémica tomó fuerza durante la comparecencia del alcalde ante el Congreso de la Ciudad de México. Legisladores de distintas fuerzas políticas plantearon preguntas sobre el futuro de estos apoyos; sin embargo, las respuestas ofrecidas por el edil se centraron en otros esquemas de atención infantil, particularmente en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), sin aclarar de manera directa qué ocurrió con el programa destinado específicamente a las estancias infantiles.
La ausencia de información oficial ha generado dudas. A diferencia de años anteriores, la alcaldía no publicó durante los primeros meses del año una convocatoria ni reglas de operación para la continuidad del programa. Tampoco existe registro en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México sobre una nueva edición para 2026, lo que ha sido interpretado como la cancelación de la política pública.
Los antecedentes muestran que este esquema surgió como una alternativa impulsada por gobiernos panistas tras la desaparición del modelo federal de guarderías subsidiadas. Desde 2019 comenzó una estrategia para fortalecer estos espacios mediante apoyos económicos que permitieran mantener su operación y ampliar la cobertura de atención infantil.
De acuerdo con registros oficiales, el programa alcanzó uno de sus puntos más altos en 2024, cuando se destinaron alrededor de 2.5 millones de pesos para respaldar siete estancias infantiles y beneficiar a cerca de 200 menores. Sin embargo, la tendencia comenzó a modificarse durante 2025, ya bajo la administración de Luis Mendoza, cuando el presupuesto se redujo y el número de espacios apoyados disminuyó.
Las reglas de operación vigentes ese año contemplaban la distribución de 2.4 millones de pesos entre cinco estancias infantiles, con capacidad para atender a menores de hasta seis años. No obstante, madres de familia reportaron que el programa fue suspendido antes de concluir el periodo establecido, situación que dejó incertidumbre sobre la continuidad de los servicios.
La desaparición de este apoyo ocurre en un contexto donde muchas familias dependen de espacios de cuidado infantil para poder mantener sus actividades laborales. Para diversos sectores, el debate no gira únicamente en torno a cifras presupuestales, sino a la posibilidad de garantizar opciones accesibles para la atención temprana de niñas y niños.
Mientras continúan los cuestionamientos en el Congreso local, el caso abre una discusión más amplia sobre las prioridades de los gobiernos locales y la permanencia de programas sociales que, independientemente de su origen partidista, impactan directamente en la vida cotidiana de cientos de familias. Porque detrás de cada presupuesto cancelado no sólo existen números administrativos, sino también comunidades que buscan respuestas sobre servicios que consideraban esenciales para su desarrollo y bienestar.
