La relación entre México y Estados Unidos volvió a colocarse bajo presión, pero también sobre la mesa de negociación. En medio de acusaciones por narcotráfico contra funcionarios mexicanos, la muerte de agentes estadounidenses en Chihuahua y el endurecimiento de las políticas migratorias de Washington, ambos gobiernos sostuvieron una reunión de alto nivel para reforzar acuerdos en seguridad y control fronterizo.
El encuentro ocurrió en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien visitó la Ciudad de México durante dos días en un contexto particularmente delicado para la relación bilateral.
Tras la reunión, Mullin aseguró que uno de los principales temas fue fortalecer las acciones conjuntas contra los llamados “narcoterroristas”, además de mantener la coordinación para combatir el tráfico de drogas, personas y frenar la migración irregular hacia territorio estadounidense.
El funcionario destacó que, bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos alcanzó niveles históricos de control fronterizo y subrayó que la cooperación con México será clave para sostener esa estrategia.
Por su parte, Sheinbaum optó por un mensaje breve, aunque políticamente medido. En redes sociales afirmó que ambos países acordaron continuar colaborando “en el marco del respeto” mutuo, intentando enviar una señal de equilibrio en medio de las crecientes tensiones diplomáticas.
La Cancillería mexicana confirmó que ambas delegaciones coincidieron en mantener el diálogo permanente como eje de la cooperación bilateral. También presumieron una reducción histórica en el flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos. Según cifras compartidas por el gobierno mexicano, el paso de migrantes cayó más de 97 por ciento desde el pico registrado en diciembre de 2023.
Sin embargo, detrás de los discursos diplomáticos persisten temas incómodos. Sheinbaum adelantó que plantearía la muerte de 15 migrantes mexicanos en centros de detención del ICE desde 2025, casos que ya motivaron notas diplomáticas y una futura denuncia ante la CIDH.
La mandataria evitó discutir directamente las acusaciones contra diez funcionarios mexicanos señalados por fiscales de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre ellos aparecen figuras políticas de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
La reunión también ocurrió semanas después del accidente en Chihuahua donde murieron dos agentes de la CIA, hecho que detonó un reclamo formal del gobierno mexicano al considerar que Washington no notificó oficialmente la presencia ni las actividades de esos agentes en territorio nacional.
La escena deja una conclusión inevitable: México y Estados Unidos necesitan coordinarse más que nunca, pero cada nuevo episodio demuestra que la cooperación bilateral avanza entre desconfianzas, presiones políticas y una frontera donde seguridad, migración y crimen organizado ya se mezclan en un mismo tablero.
