Mientras en las calles de Cuajimalpa aumentan las patrullas y las unidades de emergencia, los números oficiales cuentan una historia mucho menos alentadora. La alcaldía gobernada por Carlos Orvañanos destinará este año más de 76 millones de pesos al arrendamiento de vehículos para tareas de seguridad pública y protección civil, pero los indicadores delictivos y las recientes quejas ciudadanas por fallas en atención de emergencias han comenzado a encender focos de alerta entre vecinos y especialistas.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia, el gobierno local ejercerá 76 millones 396 mil pesos en unidades operativas durante 2026. La mayor parte del presupuesto, casi 70 millones de pesos, será utilizada específicamente para la renta de patrullas, una cifra que representa más del doble de lo invertido el año anterior en ese mismo rubro.
El resto del recurso será destinado a ambulancias y vehículos para Protección Civil, justo en un contexto donde habitantes de distintas colonias reportaron retrasos en la atención durante las lluvias recientes, particularmente por inundaciones y encharcamientos que afectaron vialidades y viviendas.
Sin embargo, el tema que más preocupa no es únicamente el gasto, sino los resultados. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que durante el primer trimestre de 2026 la incidencia delictiva en la alcaldía aumentó 3 por ciento respecto al mismo periodo anterior.
Algunos delitos incluso tuvieron incrementos mucho más severos. Los homicidios registraron un aumento de más del 500 por ciento; las denuncias por violación crecieron 135 por ciento y los casos relacionados con narcomenudeo se dispararon más de 300 por ciento, según los registros oficiales.
La administración de Orvañanos ha defendido públicamente su estrategia, destacando una mayor presencia policial y operativos constantes en distintas zonas de la demarcación. No obstante, para muchos vecinos la percepción sigue siendo distinta, especialmente cuando las emergencias climáticas exhibieron tiempos de respuesta lentos pese al aumento presupuestal destinado precisamente a estas tareas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa un debate que cada vez aparece con más frecuencia en distintas ciudades del país: gastar más no necesariamente significa resolver mejor. La seguridad pública no depende solo de tener más patrullas circulando o más vehículos estacionados en las bases operativas, sino de una estrategia integral capaz de prevenir delitos, responder con rapidez y recuperar la confianza ciudadana.
