Una acusación presentada en tribunales de Estados Unidos colocó en el centro de la atención internacional al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas y el uso ilegal de armas.
El anuncio fue realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que formalizó la acusación ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, una de las cortes más relevantes para casos de crimen organizado internacional. Según la imputación, el mandatario estatal no figura solo: otras nueve personas también fueron incluidas en el expediente.
Entre los señalados aparecen nombres como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, identificado como “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, conocido como “Juanito”.
De acuerdo con el documento judicial, las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados habrían colaborado con el llamado Cártel de Sinaloa en la distribución de grandes volúmenes de drogas hacia territorio estadounidense. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, quien llevará el proceso en la corte neoyorquina.
La acusación abre un nuevo capítulo en la relación bilateral en materia de seguridad, al involucrar a un funcionario en activo dentro de una investigación de alcance internacional. Este tipo de procesos suele derivar en solicitudes de cooperación entre autoridades de ambos países, además de posibles órdenes de detención o procedimientos legales adicionales.
El señalamiento, que aún deberá ser sustentado en tribunales, coloca nuevamente el tema del combate al narcotráfico en el eje de la agenda entre México y Estados Unidos, donde las investigaciones judiciales cruzan fronteras y elevan el nivel de atención sobre actores políticos y redes delictivas.
