En la Ciudad de México, la política social avanza hacia un modelo más amplio: apoyar antes, sin condiciones y de forma progresiva. Con esa lógica, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó una nueva entrega del programa Ingreso Ciudadano Universal (INCU), que ya suma más de 107 mil beneficiarios.
El anuncio se dio durante un evento en la Utopía Mixhuca, donde se incorporaron 20 mil nuevas personas de entre 57 y 59 años. Este grupo se suma a los más de 80 mil beneficiados durante 2025, consolidando una estrategia que busca extender la cobertura en este segmento de edad.
La meta es clara: alcanzar a 155 mil personas en este rango antes de que termine el año y, eventualmente, integrar a toda la población que cumpla con el requisito. Sin evaluaciones socioeconómicas ni filtros adicionales, el único criterio es la edad.
El programa otorga un apoyo inicial de 2 mil pesos bimestrales, con la intención de funcionar como un puente hacia otros esquemas sociales, como los dirigidos a personas mayores de 60 y la pensión universal a partir de los 65 años.
Desde el gobierno capitalino, se presenta como un cambio de enfoque: no solo como asistencia, sino como reconocimiento de un derecho. La idea es construir una red continua de protección que acompañe a las personas en distintas etapas de su vida.
Autoridades locales destacan que este modelo busca garantizar autonomía económica y reducir la vulnerabilidad en un periodo donde muchas personas quedan fuera del mercado laboral formal, pero aún no acceden a programas tradicionales de adultos mayores.
Sin embargo, el crecimiento de estos programas también abre una discusión de fondo: su sostenibilidad a largo plazo y su impacto real en la calidad de vida.
Porque ampliar los apoyos es un paso importante…
