Lo que comenzó como una manifestación por vivienda terminó en un episodio de tensión dentro del Congreso de la Ciudad de México. Integrantes de la Asamblea de Barrios intentaron ingresar por la fuerza al recinto legislativo, obligando a suspender la sesión y activar protocolos de seguridad.
Desde tempranas horas, los manifestantes se concentraron en las inmediaciones del inmueble, en el Centro Histórico, para exigir soluciones a una demanda que lleva años acumulándose: acceso a vivienda social. Sin embargo, el ambiente se deterioró rápidamente tras un intercambio con el personal de resguardo.
El punto de quiebre llegó cuando un grupo logró atravesar los accesos. La reacción fue inmediata: se cerraron puertas, se resguardó a legisladores y se utilizó polvo de extintores para contener la irrupción. Afuera, la tensión escaló aún más. Puertas golpeadas, vidrios rotos y bloqueos en calles como Donceles y Allende marcaron el momento más álgido.
Aunque la situación se controló horas después y la circulación fue restablecida, el mensaje ya estaba dado. La protesta dejó de ser solo una exigencia y se convirtió en un reflejo de la frustración acumulada en torno al acceso a la vivienda en la capital.
El Congreso condenó los hechos y reiteró su disposición al diálogo, recordando que el recinto debe ser un espacio abierto para la ciudadanía. Sin embargo, el contraste es evidente: mientras desde dentro se habla de apertura, desde fuera crece la percepción de que las demandas no están siendo atendidas con la urgencia necesaria.
No es la primera vez que esta organización se manifiesta, pero sí una de las más tensas. Y eso cambia el tono de la conversación.
