La reforma ya está en marcha y promete cambiar la forma en que se gasta el dinero público en la política local. La Cámara de Diputados dio paso al dictamen que redefine la integración de ayuntamientos y establece límites estrictos a los presupuestos de congresos estatales, con un objetivo claro: reducir costos y reforzar la disciplina financiera a partir de 2026.
El cambio impacta directamente en dos frentes clave. Por un lado, se fija un tope al gasto de las legislaturas locales, que no podrá superar el 0.7% del presupuesto estatal. Por otro, se limita el tamaño de los ayuntamientos, estableciendo un rango específico en el número de regidurías, lo que modifica estructuras que antes dependían de decisiones locales.
La lógica detrás de la reforma es sencilla: contener el gasto político y redirigir recursos. Los ahorros generados deberán destinarse exclusivamente a obra pública, lo que, en teoría, permitiría transformar recortes administrativos en beneficios tangibles para la población.
Pero el alcance va más allá. La iniciativa —conocida como Plan B— también introduce cambios en temas sensibles como la revocación de mandato, permitiendo que este mecanismo se active en diferentes momentos del periodo de gobierno. Incluso abre la puerta a que quienes enfrenten este proceso puedan promover su permanencia, siempre sin utilizar recursos públicos.
En materia de salarios, la reforma fija un límite claro: ningún funcionario electoral podrá ganar más que la presidenta. Esto incluye a consejeros, magistrados y altos mandos, alineando sus ingresos a un techo constitucional.
Además, se establecen candados para evitar simulaciones. No se permitirán ampliaciones presupuestales que burlen los nuevos límites y cualquier disposición contraria será considerada inválida.
El proceso no será inmediato. Estados y Congreso deberán ajustar sus leyes antes de mediados de 2026, mientras que algunas disposiciones comenzarán a aplicarse de forma gradual.
