El tema de las desapariciones en México volvió al centro de la conversación, esta vez por un choque de posturas entre autoridades y organismos internacionales. El Gobierno de la Ciudad de México se sumó al rechazo federal contra el informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que no refleja la realidad actual del país.
Desde la visión oficial, el documento se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, un periodo marcado por estrategias de seguridad distintas a las actuales. Para las autoridades, el problema del informe radica en que proyecta ese contexto al presente sin reconocer los cambios implementados en los últimos años en materia de búsqueda y atención a víctimas.
El posicionamiento no llegó solo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también respaldó esta crítica, al señalar que el informe parte de enfoques incompletos y no agotó instancias nacionales antes de emitir sus conclusiones. Sin embargo, no todas las voces coincidieron. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México planteó una postura más abierta, al considerar que el documento puede ser una oportunidad para fortalecer el diálogo y mejorar las políticas públicas.
En el fondo, la discusión gira en torno a cómo se interpreta el fenómeno. Mientras el gobierno sostiene que actualmente no existe una política de desaparición forzada desde el Estado, el informe internacional advierte sobre la magnitud del problema y sus posibles causas estructurales.
Las autoridades capitalinas defendieron las acciones recientes, como el fortalecimiento de comisiones de búsqueda, la creación de registros nacionales y el incremento de recursos destinados a la localización de personas. También destacaron esfuerzos locales, como centros de atención integral y espacios para el resguardo e identificación de personas no reclamadas.
