A casi un mes del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico, las investigaciones comenzaron a arrojar responsabilidades concretas. En Coatzacoalcos, Veracruz, agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Ricardo “M”, señalado como jefe de despachadores del proyecto ferroviario y presunto responsable de autorizar la operación del convoy con maquinistas que no contaban con licencia vigente.
El accidente ocurrió el 28 de diciembre, en un tramo de curvas de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, a la altura de Nizanda, Oaxaca. El saldo fue devastador: 14 personas fallecidas y más de cien pasajeros lesionados. Desde entonces, los peritajes de la Fiscalía General de la República apuntaron a una causa clara: exceso de velocidad en una zona donde el margen de error era mínimo.
De acuerdo con la FGR, el tren circulaba a 65 kilómetros por hora cuando el límite permitido era de 50. Esa diferencia, aparentemente pequeña, fue determinante. La titular del organismo, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que tanto la revisión del sitio como del propio convoy coincidieron en esta conclusión.
Las miradas se dirigieron entonces a quienes autorizaron el viaje. Los maquinistas identificados fueron Felipe de Jesús “N”, detenido días atrás en Palenque, Chiapas, y Erasmo “C”, quien hasta ahora sigue prófugo. Ambos habrían recibido el visto bueno de Ricardo “M”, pese a no cumplir con los requisitos administrativos para operar el tren.
La detención se realizó en la colonia Centro de Coatzacoalcos y, tras quedar a disposición de la FGR, el funcionario fue trasladado a un penal federal en Chiapas. El caso abre una discusión incómoda pero necesaria: cuando los controles fallan y se relajan las reglas, las consecuencias no son administrativas, sino humanas. La seguridad no admite atajos, y este accidente lo recordó de la forma más dura.
