Con la mira puesta en una cifra inédita, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su Plan Maestro 2026, una hoja de ruta ambiciosa que busca alcanzar una recaudación histórica de 5.8 billones de pesos. Más allá del número, el documento deja claro dónde estará el foco: el combate frontal a la compra-venta de facturas falsas, una práctica que desde hace años drena recursos públicos y distorsiona la competencia entre contribuyentes.
El SAT adelantó que reforzará las revisiones para detectar operaciones simuladas y, en caso de irregularidades, cobrará las contribuciones que no se pagaron por el uso de comprobantes fiscales apócrifos. La intención, según el propio plan, es cerrar espacios a las llamadas “factureras” y enviar una señal clara de que estas prácticas ya no pasarán desapercibidas.
Desde el ámbito fiscal, la medida fue recibida con cautela. Domingo Ruíz López, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, subrayó que el combate debe ir más allá del discurso. A su juicio, se requiere una estrategia bien pensada, constante y eficaz, que realmente frene la defraudación. También advirtió sobre un riesgo recurrente: que la lucha contra las facturas falsas se use como mecanismo de presión selectiva y no como una política pareja.
El especialista recordó un dato incómodo: aunque desde 2014 la autoridad cuenta con herramientas legales para enfrentar este problema, no hay personas en prisión por estos delitos. Un contraste que pone en duda la efectividad de las acciones pasadas.
Como parte del nuevo plan, el SAT otorgará un plazo de 30 días a quienes hayan recibido facturas declaradas falsas para corregir su situación. El reto ahora no es solo recaudar más, sino demostrar que esta vez la estrategia tendrá consecuencias reales. Porque en materia fiscal, la credibilidad también se cobra.
