La forma en que se asignaron algunos contratos públicos en la alcaldía Cuauhtémoc encendió las alertas en la Ciudad de México. Tras la difusión de presuntas competencias simuladas entre empresas, la Secretaría de la Contraloría capitalina confirmó la apertura de una investigación, mientras que Morena en el Congreso local anunció que pedirá información detallada sobre el caso.
El señalamiento apunta a la administración encabezada por Alessandra Rojo de la Vega Piccolo. De acuerdo con lo revelado, entre marzo y abril de 2025 se invitó en al menos tres ocasiones a distintas empresas para competir por contratos públicos. El detalle que llamó la atención es que todas las firmas convocadas —Carbonusa, Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, y Alianza Comercialización y Construcciones— forman parte del mismo corporativo: Grupo Meor.
La Contraloría fue cauta, pero clara. Confirmó que ya se abrió un expediente y que el caso está en proceso de revisión, aunque por ahora no se darán más detalles. La respuesta, breve pero contundente, deja claro que el tema no pasó desapercibido y que habrá seguimiento institucional.
En el ámbito político, el asunto también comenzó a moverse. Legisladores de Morena adelantaron que solicitarán explicaciones formales sobre los procedimientos utilizados para asignar esos contratos y sobre los criterios que justificaron la participación de empresas vinculadas entre sí en supuestos procesos de competencia.
Más allá de nombres y siglas, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente: la transparencia en el uso de recursos públicos a nivel local. Las licitaciones no solo deben cumplir la ley, también deben generar confianza. Cuando esa confianza se tambalea, incluso las prácticas administrativas más comunes se convierten en foco de sospecha.
La investigación apenas comienza, pero el mensaje es claro: en tiempos donde la vigilancia ciudadana es constante, simular competencia puede salir más caro que abrirla de verdad.
