La historia de los 183 perros rescatados del Refugio Franciscano entró en una nueva etapa. Esta semana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, recorrió el albergue provisional ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero para verificar personalmente las condiciones en las que se encuentran los animales tras su aseguramiento. El mensaje fue claro desde el inicio: el objetivo no es castigar a quienes rescatan, sino mejorar de fondo el modelo de protección animal en la capital.
Durante la visita, Brugada destacó que se trata del rescate más grande que ha vivido la ciudad y que hoy los perros cuentan con algo que antes no tenían: atención veterinaria constante, alimentación adecuada y supervisión profesional. Más de 60 médicos veterinarios y alrededor de 100 personas participan en su cuidado diario, distribuidos en tres espacios temporales diseñados para su resguardo.
El caso no ha estado exento de polémica. Circularon versiones que apuntaban a un supuesto interés inmobiliario en el predio donde operaba el refugio, algo que el gobierno capitalino negó de forma tajante. La mandataria aseguró que no se permitirá ninguna construcción y que se respetará la resolución judicial sobre la posesión del terreno. El operativo, subrayó, respondió únicamente a una orden judicial derivada de las condiciones en que vivían los animales.
Más allá del rescate, el gobierno planteó una ruta a largo plazo: la creación de la Utopía Canina, un gran albergue público, y una iniciativa de ley para regular refugios sin desaparecerlos ni perseguirlos. La apuesta es clara: pasar del rescate improvisado a un sistema con reglas, apoyo institucional y responsabilidad compartida.
El desafío ahora no es solo cuidar a estos 183 perros, sino demostrar que el bienestar animal puede ser política pública seria y no solo reacción ante la crisis. Porque rescatar salva vidas, pero prevenir el abandono y profesionalizar el cuidado puede cambiar la historia completa.
