El registro obligatorio de teléfonos celulares volvió al centro de la conversación pública. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue directa: la medida es clave para reforzar la seguridad y no tiene relación con espionaje ni con el rastreo cotidiano de las personas. El objetivo, dijo, es claro y puntual: combatir delitos como la extorsión, uno de los que más ha crecido en los últimos años.
Durante su mensaje matutino, la mandataria buscó despejar dudas. Explicó que los datos personales no quedarán en manos del gobierno, sino resguardados por las propias empresas de telefonía. Son ellas —precisó— las responsables de realizar el registro y proteger la información de sus usuarios. El Estado solo puede acceder a esos datos bajo una condición muy específica: que exista una investigación formal por un delito.
Sheinbaum subrayó que no hay monitoreo preventivo ni seguimiento a los ciudadanos. El procedimiento, detalló, se activa únicamente cuando hay una denuncia. Por ejemplo, si una persona recibe una llamada de extorsión o fraude y lo reporta al 089, las autoridades pueden solicitar a la compañía telefónica saber a quién pertenece ese número. Nada más.
El contexto explica la urgencia. En México existen alrededor de 158 millones de líneas celulares, una cifra que supera por mucho a la población total. Ese desorden ha sido terreno fértil para llamadas criminales hechas desde números imposibles de rastrear. El registro busca cerrar esa puerta.
Más allá de la polémica, el reto será lograr un equilibrio real entre seguridad y confianza ciudadana. Un padrón puede ser una herramienta útil, pero su éxito dependerá no solo de la tecnología, sino de la certeza de que los datos estarán protegidos y se usarán únicamente cuando la ley lo justifique.
