La polémica por el rescate de perros y gatos en el Refugio Franciscano encendió el debate público en la Ciudad de México. Frente a versiones que circularon en redes y comunicados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, salió al paso con un mensaje directo: lo que se encontró en ese lugar no puede llamarse bienestar animal.
Acompañada de fotografías y videos, Brugada mostró condiciones que calificó como inaceptables y lanzó una pregunta incómoda: ¿alguien que se diga animalista podría defender espacios donde los animales vivían hacinados, enfermos y sin atención básica? Para la mandataria, el problema no es el rescate en sí, sino el uso del discurso animalista para encubrir otros intereses.
El operativo, explicó, se realizó por orden judicial tras una investigación de la Fiscalía capitalina. Peritajes veterinarios confirmaron maltrato, sobrepoblación, falta de higiene, alimentos contaminados y ausencia de atención médica. Incluso se detectó un incinerador de cadáveres que no cumplía con normas sanitarias. Ante ese panorama, la intervención fue inevitable.
Hoy, los más de 370 animales rescatados están bajo resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal y otros centros especializados. Reciben alimento, atención médica permanente, vacunación y espacios seguros, algo que antes no tenían. El gobierno capitalino aseguró que no existe ningún interés inmobiliario sobre el predio y descartó cualquier uso distinto al que marque la ley.
Más allá del caso puntual, Brugada anunció medidas de fondo: una ley para regular refugios, la construcción de clínicas veterinarias en las Utopías, un nuevo hospital veterinario y un gran albergue metropolitano. La intención es clara: que el bienestar animal deje de ser discurso y se convierta en estándares verificables.
Este episodio deja una lección incómoda pero necesaria: rescatar animales no siempre es popular, pero ignorar el maltrato sí tiene consecuencias. Defender causas implica también aceptar cuando las cosas se hacen mal.
