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SAT requerirá en enero pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas; recursos irían a programas sociales

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En enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificará a Grupo Salinas el requerimiento de pago por un adeudo fiscal de 51 mil millones de pesos, derivado de resoluciones judiciales definitivas, informó el director del organismo, Antonio Martínez Dagnino, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El funcionario explicó que, una vez realizada la notificación, la empresa podrá acceder a los mecanismos previstos en la ley para regularizar su situación, entre ellos posibles “ajustes” de hasta 39 por ciento, conforme al Código Fiscal de la Federación. Aclaró que se trata de un procedimiento estrictamente legal y no de una decisión discrecional.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que los recursos que se obtengan por este cobro se destinarán a fortalecer programas sociales, como becas y la pensión Mujeres Bienestar, que contará con un presupuesto de 59 mil millones de pesos el próximo año. “Ojalá paguen”, expresó, al insistir en que el caso no tiene motivaciones personales ni políticas.

Sheinbaum destacó que el adeudo se actualizó conforme a la ley y a resoluciones de los tribunales, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara improcedentes los amparos promovidos por el corporativo. “Aquí no hay otra cosa más que cumplir la ley”, reiteró.

La mandataria también recordó que el incremento en la recaudación fiscal en los últimos años se debe, entre otros factores, al fin de las condonaciones discrecionales, a la ausencia de corrupción y al uso transparente de los recursos públicos.

El adeudo de Grupo Salinas se originó tras la determinación de saldos pendientes correspondientes a ejercicios fiscales de 2008 a 2013, luego de que la autoridad considerara improcedentes reportes de pérdidas. Tras agotarse la cadena de impugnaciones, el SAT quedó obligado a realizar el cobro, iniciando en enero el plazo para el pago voluntario. El desenlace del proceso marcará un precedente sobre el alcance real de la legalidad fiscal y la capacidad del Estado para hacerla valer.

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