La explosión de un coche bomba en Coahuayana volvió a encender las alarmas nacionales, pero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que el hecho no fue un mensaje dirigido a su gobierno. Aseguró que el estallido responde únicamente a la situación que atraviesa Michoacán, donde distintos grupos criminales se disputan el control del territorio.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reforzó esta versión al contextualizar la explosión dentro de una confrontación entre organizaciones delictivas que operan en la región. Explicó que el incidente no estuvo dirigido contra la policía comunitaria ni contra fuerzas de seguridad, sino que formó parte del choque constante entre facciones rivales.
Las declaraciones llegaron en medio del debate sobre si la violencia podría estar relacionada con el ambiente político o con actos para desestabilizar al gobierno. Sin embargo, ambos funcionarios insistieron en que se trata de un reflejo de la dinámica interna del crimen organizado en el estado.
Michoacán, marcado por la presencia de grupos con alta capacidad operativa, vuelve así al centro de la conversación sobre seguridad nacional. Aunque las autoridades federales descartan un ataque al Ejecutivo, el uso de artefactos explosivos en un conflicto local reabre la discusión sobre la evolución del poder criminal.
El episodio, más que un señalamiento político, evidencia que la violencia no necesita discursos para anunciarse: basta con un estallido para recordar que ahí sigue, instalada en los territorios donde la disputa por el control no ha cedido.
