La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por delincuencia organizada tras la explosión de un automóvil ocurrida el sábado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, hecho que dejó cinco personas muertas y 12 lesionadas. La dependencia informó que trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal y autoridades estatales para esclarecer lo sucedido.
De acuerdo con la FGR, en la zona operan 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), especializados en criminalística de campo, fotografía, genética, medicina, lofoscopia, telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería, arquitectura, incendios, explosivos, química y balística. El objetivo es documentar indicios y reconstruir la mecánica de la explosión registrada alrededor de las 11:40 horas sobre la calle Ignacio López Rayón.
Según las primeras indagatorias, dos de las víctimas fatales viajaban en el vehículo siniestrado, mientras que las otras tres pertenecían a la Policía Comunitaria, encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias El Comandante Teto, exintegrante de las autodefensas surgidas en 2014 contra Los Caballeros Templarios.
La región opera bajo un esquema mixto de seguridad en el que participan la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército y Marina. Michoacán suma 270 kilómetros de costa en el Pacífico, un corredor estratégico para el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica. Autoridades federales han identificado que habitantes de comunidades costeras participan en el levantamiento de cargamentos en altamar para posteriormente moverlos por tierra o vía aérea.
La Secretaría de Marina también ha documentado una fuerte disputa entre las Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de estas rutas. Esta confrontación se ha intensificado en las últimas semanas, en un contexto ya marcado por el refuerzo de seguridad anunciado el 10 de noviembre tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
La FGR reiteró que continuará con las diligencias para determinar responsabilidades y deslindar los componentes criminales detrás de este ataque.
