Las modificaciones a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, aprobadas en agosto para sancionar hasta con 36 horas de arresto a quienes aparten o cobren por el uso de la vía pública, no han logrado frenar la operación de los llamados franeleros. A pesar de las nuevas disposiciones, el oficio persiste en al menos cuatro alcaldías y, de acuerdo con testimonios y recorridos, se mantiene gracias a sobornos a elementos policiacos.
Excélsior documentó que, además de apropiarse de espacios públicos, algunos franeleros han alcanzado acuerdos con policías para evitar su arresto. Un video en la colonia Roma muestra a uno de ellos entregando dinero a dos uniformados, mientras vecinos reportan prácticas similares en otras zonas. Un trabajador entrevistado, con más de tres décadas en esta actividad, reconoció que ahora “los traen asoleados” y admitió haber pagado hasta 600 pesos para evitar detenciones.
Líderes vecinales señalan que la corrupción se evidenció desde la entrada en vigor de la reforma a finales de septiembre. Norma Sotelo, del Consejo Coordinador Vecinal, afirmó que las remisiones dejaron de aparecer en los reportes semanales, mientras valets de restaurantes en la Roma y Condesa continúan pagando a franeleros para apartar lugares que luego ofrecen a sus clientes, pese a que estos dispositivos también están prohibidos por la ley.
En colonias como Doctores, algunos franeleros han sido señalados por operar de forma agresiva e incluso bajo el influjo de drogas, según denuncias ciudadanas. En otras alcaldías persisten cobros de 40 hasta 100 pesos en mercados, zonas turísticas o áreas legislativas, como en Venustiano Carranza, donde un grupo opera con radios para controlar calles aledañas al Palacio de San Lázaro.
La reforma contemplaba que la Secretaría del Trabajo capitalina trabajara con esta población para generar alternativas laborales, pero los franeleros aseguran no tener información sobre el proyecto. Mientras tanto, vecinos temen denunciar debido a que quienes son detenidos regresan a las calles en menos de un día. El resultado es un escenario donde el espacio público continúa vendiéndose, pese al marco legal que busca regularlo.
