En medio de la inconformidad del gremio aeronáutico, el gobierno decidió mantener la autorización que permite a Volaris operar aeronaves mexicanas bajo el esquema de arrendamiento húmedo con pilotos extranjeros. La decisión desató molestia entre los capitanes nacionales, quienes consideran que la medida contradice el principio constitucional que reserva la operación de aeronaves mexicanas únicamente a personas nacidas en el país.
Tras un encuentro prolongado entre representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y las organizaciones de pilotos, se acordó abrir un proceso para ajustar la legislación vigente. La Agencia Federal de Aviación Civil se comprometió a participar en mesas de trabajo que buscan fortalecer la Ley de Aviación Civil y cerrar cualquier resquicio que permita repetir un escenario similar.
El arrendamiento húmedo, que contempla la renta de aeronaves junto con sus tripulaciones, está reconocido en la ley, pero su operación choca con lo que establece el artículo 32 constitucional. Aun así, la autorización otorgada a Volaris seguirá vigente durante el periodo en que utilizará pilotos extranjeros para cubrir ciertas rutas nacionales.
Los representantes de los pilotos insistieron en que el marco legal debe reforzarse para evitar interpretaciones laxas. Desde el gremio se advirtió que, aunque la norma parece clara, la reciente autorización evidencia la necesidad de dotar de “dientes” a la Constitución y hacer explícitas las restricciones.
La autoridad aeronáutica informó que se encuentra revisando las capacidades de los capitanes extranjeros que ya comenzaron a operar varias aeronaves de la aerolínea. Mientras avanzan las mesas para blindar la regulación, el episodio deja abierta una discusión mayor: la tensión entre la flexibilidad operativa de las aerolíneas y la defensa del trabajo y la soberanía aérea nacional.
