La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó un paquete de reformas legislativas orientado a fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Las propuestas incluyen modificaciones al Código Penal local y ajustes a las leyes de Establecimientos Mercantiles y de Turismo para reforzar la seguridad en hoteles y otros espacios donde se han registrado delitos de género.
Brugada explicó que las reformas al Código Penal buscan distinguir con claridad la violencia familiar de la violencia de género, para evitar que las agresiones contra mujeres queden diluidas dentro de una categoría más amplia. Según la mandataria, esta separación permitirá dimensionar adecuadamente el problema y combatir la idea de que los abusos en el ámbito privado deben permanecer ocultos. También se incorpora el acoso sexual digital como delito autónomo, reconociendo el entorno virtual como un espacio donde persisten agresiones contra mujeres, niñas y niños.
La Jefa de Gobierno afirmó que la ciudad se suma plenamente a los diez compromisos nacionales anunciados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que incluyen medidas legislativas, políticas públicas y campañas de concientización. Actualmente, el gobierno capitalino ya trabaja en ocho de estos puntos. La meta, dijo, es construir una ciudad donde las mujeres puedan vivir sin miedo y en plena libertad.
La fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, sostuvo que la procuración de justicia debe ir más allá del castigo penal, ofreciendo acompañamiento integral a las víctimas para que puedan reconstruir sus proyectos de vida. Destacó que las reformas incluyen agravantes para delitos cometidos contra menores de edad y sanciones reeducativas. Subrayó también la disminución sostenida de feminicidios en la capital durante los últimos años y el aumento de órdenes de aprehensión por violación.
La consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, detalló que el 15.2 por ciento de los feminicidios y transfeminicidios en la ciudad ocurren en hoteles, lo que motivó una propuesta integral para reforzar controles y protocolos en estos establecimientos. Las reformas plantean videovigilancia conectada al C5, botones de emergencia, seguridad privada capacitada y registros estrictos de huéspedes, que incluyan la relación entre adultos y menores. Además, se proponen sanciones más severas, desde multas elevadas hasta clausuras temporales o definitivas y la posibilidad de aplicar extinción de dominio en casos graves.
El paquete legislativo será enviado al Congreso de la Ciudad de México, donde legisladoras como Cecilia Vadillo anticiparon respaldo para su dictaminación. Las autoridades capitalinas argumentan que estas medidas permitirán avanzar hacia un entorno más seguro y responsable, donde las agresiones sean nombradas, denunciadas y sancionadas sin excepción.
