El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó cualquier intervención directa en México, pero dejó claro que Washington está listo para ampliar su apoyo si el gobierno mexicano lo pide. Desde Ontario, en el marco del encuentro del G7, el funcionario insistió en que no habrá tropas ni acciones unilaterales, aunque ofreció equipamiento, capacitación e intercambio de inteligencia “siempre que México lo solicite”.
Las declaraciones surgieron tras ser cuestionado sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un caso que puso nuevamente en debate la fuerza de los cárteles en el país. Rubio afirmó que estas organizaciones “no necesitan ideología para ser terroristas”, ya que —según él— operan con mejor armamento y tácticas que muchas corporaciones locales. Incluso comparó la situación mexicana con escenarios como el de Ecuador, donde la violencia criminal ha puesto a prueba al Estado.
El señalamiento no es casual. La administración de Donald Trump ya clasificó a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que abrió herramientas financieras y judiciales más agresivas. Ese movimiento tensó la relación con México, que ha rechazado cualquier acción que implique injerencia o violación a su soberanía. A pesar del freno diplomático, ambos países han mantenido una cooperación estrecha, anunciando grupos de alto nivel para combatir tráfico de armas, crimen organizado y fentanilo.
Rubio aseguró que el nivel de colaboración actual es “el más alto de la historia”, destacando extradiciones aceleradas y entregas masivas de sospechosos. Sin embargo, subrayó que Estados Unidos no actuará sin el aval mexicano, incluso ante reportes que sugieren planes de operaciones encubiertas. La postura deja entrever una presión constante: ayuda ilimitada, sí, pero bajo un mensaje implícito de que México aún no controla por completo a los grupos criminales que disputa en su territorio.
