El Congreso capitalino aprobó una reforma al Código Penal que incrementa las penas por asociación delictuosa, una figura que aplica cuando tres o más personas se organizan de manera permanente para cometer delitos. La propuesta, enviada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, fue respaldada con el argumento de que la ciudad enfrenta un problema creciente de grupos que operan desde pequeñas colonias hasta redes más complejas que extienden su actividad delictiva.
El dictamen fue presentado por el diputado Alberto Martínez Urincho, quien destacó que al menos una décima parte de las personas detenidas tiene vínculos con bandas u organizaciones dedicadas a delitos como robo, extorsión u homicidio. Según el legislador, este cambio busca frenar estructuras que fortalecen la inseguridad y afectan directamente la vida cotidiana de la población.
Durante la discusión, legisladores de distintos partidos coincidieron en que la reforma responde a una demanda ciudadana urgente. Voces del PT subrayaron que la medida amplía las agravantes para quienes reclutan, administran o supervisan estas agrupaciones, señalando que son ellos quienes permiten su permanencia. Desde el PAN se calificó la actualización como una respuesta “proporcional y racional” frente a un fenómeno criminal que ha rebasado la capacidad de las leyes actuales.
La reforma establece penas de cinco a diez años de prisión para quienes integren una banda delictiva y hasta quince años para quienes la dirijan o participen en delitos adicionales. También incrementa las sanciones económicas mediante la ampliación del número de unidades de medida y actualización aplicables.
Con este ajuste, el Congreso intenta cerrar el paso a organizaciones que, aunque pequeñas en número, generan un impacto considerable en la seguridad de las colonias. El reto será verificar si el endurecimiento de penas logra disminuir la formación de estas estructuras o si solo añade un nuevo marco legal a un problema que exige, además de castigo, estrategias de prevención más profundas.
