El Congreso capitalino aprobó una reforma al artículo 253 del Código Penal local para elevar las penas contra quienes integren grupos dedicados de forma permanente a cometer delitos. La iniciativa, presentada por la jefa de Gobierno, busca responder a una demanda constante de mayor protección ante el avance de pequeñas y grandes estructuras criminales que operan en distintas zonas de la ciudad.
Durante la discusión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia destacó que la delincuencia organizada genera un impacto directo en la seguridad diaria, pues basta con que tres personas se coordinen para elevar el nivel de riesgo en colonias y espacios públicos. Según datos expuestos por legisladores, al menos una décima parte de las detenciones recientes está vinculada a bandas que operan de manera reiterada.
La reforma incrementa las penas para quienes participen, organicen o administren estas agrupaciones, con castigos que van de cinco a diez años de prisión para cualquier integrante y hasta quince años cuando se trate de quienes dirigen o mantienen la estructura. Además, se contemplan sanciones mayores cuando estos grupos cometan delitos como robo, extorsión u homicidio.
Desde el PT y Morena se subrayó que estas bandas deterioran el tejido social y afectan la tranquilidad de miles de familias, por lo que era urgente cerrarles el paso legalmente. Por su parte, desde la oposición se reconoció que la actualización del artículo responde a una realidad que superó la capacidad de las normas actuales, pues la unión ilícita y la explotación del miedo se han convertido en un negocio para diversas células criminales.
La aprobación del dictamen envía un mensaje claro: el Estado busca frenar la expansión de grupos que operan bajo la lógica de impunidad. Sin embargo, el verdadero desafío será traducir este endurecimiento legal en acciones efectivas que realmente inhiban la operación de estas estructuras, en un contexto donde su presencia sigue marcando la vida cotidiana de muchas comunidades.
