A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Gómez Mont dijo que fue informada de la solicitud de órdenes de arresto contra ella y su esposo por asuntos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), a pesar de que ellos ya habían concluido acuerdos con ambas instituciones.
De igual manera, la conductora de televisión aseguró que detrás de estas detenciones hay una “persecución de mala fe”, esto gracias al ruido provocado por la prensa durante el proceso de aviso de los cargos en su contra.
Señaló a Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien presuntamente inició un procedimiento penal en contra de ella y su esposo “aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente”, aseverando que este tiene una gran “sed de persecución” contra el matrimonio.
Apuntó a autoridades (sin detallar cuáles pues lo desconoce) por difundir mentiras a la prensa y al público “diciendo que existía una orden de aprehensión” contra Gómez Mont y Álvarez Puga.
“Pero al parecer era más importante para esas autoridades que yo fuera juzgada y condenada en el foro de la opinión pública”
Y finalmente, culpó al Juez Iván Zeferín Hernández por confabular con el Fiscal Romero Anda tras emitir la orden de aprehensión esperada por el Procurador.
Gómez Mont lamentó la situación puesto que esperó tener la oportunidad de ir con las dependencias correspondientes para desmentir cualquier tipo de imputación en su contra.
“Esa oportunidad ya no existe: El Juez ordenó encarcelarlos a una prisión de máxima seguridad”.
El 10 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) tramitó con la Interpol la emisión de ficha internacional de búsqueda de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga en más de 150 países al ser investigados por presunto lavado de dinero, peculado y evasión fiscal.
Presuntamente, Víctor Álvarez Puga y su hermano, Alejandro Álvarez Puga, habrían usado empresas fantasma para facilitar la evasión de impuestos, lavado de dinero y desvío de recursos públicos a terceros.
