En el marco de la nuevas políticas, el gobierno del presidente Joe Biden está trabajando para agilizar que los niños migrantes sean entregados a familiares que vivan en Estados Unidos debido a que las instalaciones para su cuidado a largo plazo están casi llenas.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) autorizó el miércoles a los administradores de los albergues a largo plazo el poder financiar parte del transporte de los menores a las viviendas de sus patrocinadores.
Bajo los lineamientos actuales de esa agencia gubernamental, los patrocinadores pueden ser obligados a pagar por dicho transporte antes de que el gobierno libere a los menores, aún si las autoridades han aprobado a los patrocinadores.
Para retirar a los niños de la custodia de la Patrulla Fronteriza, el HHS reabrió una instalación en Carrizo Springs, Texas, que tiene capacidad para 700 adolescentes, y pronto podría verse obligado a reabrir otro centro en Homestead, Florida. Si bien tienen camas, aulas de clase y comedores, las instalaciones de emergencia cuestan unos 775 dólares por menor cada día y no están sujetas a los mismos requisitos que se les exigen a los albergues regulares para otorgarles una licencia.
Los albergues de emergencia fueron blanco de duras críticas de demócratas durante la presidencia de Donald Trump, y la noticia de que Carrizo Springs sería reabierto generó quejas entre algunos demócratas y republicanos, quienes denunciaron que Trump fue acusado injustamente.
Algunos han acusado a Biden de querer detener a los niños en “jaulas”. Ningún menor se encuentra detenido en celdas ni detrás de vallas metálicas en Carrizo Springs, donde hay tráileres grandes que funcionan como dormitorios y una carpa de gran tamaño que se utiliza como comedor.
