Entra en vigor la Ley Olimpia en la ciudad

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En 2012, Olimpia Coral Melo accedió a grabar un video íntimo con su entonces pareja. Tiempo después, y sin su consentimiento, la grabación fue difundida en redes sociales y Whatsapp. Esta situación destrozó la vida de Coral, quien incluso intentó suicidarse en tres ocasiones tras levantar denuncias y ser revictimizada.

Después de dos años, Olimpia venció la depresión que el acoso y las burlas le provocaron, y en 2014 fundó el Frente Nacional para la Sororidad y elaboró una ley para enviar a la cárcel a los responsables de subir a internet imágenes, videos y audios de contenido sexual difundidos sin consentimiento de los involucrados, conocida como la Ley Olimpia. Ante la presión de víctimas de acoso y violencia digital y colectivos, en 2018 el Congreso de Puebla aprobó dicha ley.

El pasado 3 de diciembre del 2019 se aprobó la Ley Olimpia en la Ciudad de México

“Modificar las leyes ayuda a evidenciar y castigar la violencia de género, pero el camino no acaba ahí. Los agresores seguirán siendo parte de la sociedad aun cuando la pena legal los alcance. Otro de los focos de la lucha debe ser la concienciación social de por qué acosar en redes sociales o exponer la intimidad de las mujeres también es violencia”, dijo Ana Celorio Baquedano, activista feminista mexicana.

Las reformas aprobadas con la Ley Olimpia castigarán a:

  • quienes cometan delitos que atenten contra la intimidad sexual de otra persona como grabar, tomar fotos o elaborar cualquier contenido multimedia (real o simulado) sin su consentimiento o mediante engaños. Estas acciones podrían conllevar de 4 a 6 años de prisión.
  • Quien amenace o extorsione a otra persona con la difusión de algún contenido íntimo con una pena desde 4 hasta 9 años de prisión.
  • personas que requieran a menores participar en imágenes de contenido sexual se les dará una pena de 4 a 6 años de prisión.

La pena se agravará cuando la víctima sea un familiar o tenga una relación de noviazgo, matrimonio o laboral con el victimario.

La ley debe castigar a los agresores, pero también contemplar lo que pasará durante y después del castigo. Como toda persona que se encuentra privada de la libertad por haber violado la ley, las personas que ejerzan violencia digital también deben seguir un proceso de reinserción.

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