La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que precisa que nadie puede ganar más que el Presidente.
El ministro Alberto Pérez Dayán ordenó dar vista a las Cámaras de Diputados y de Senadores rindan sus informes justificados sobre el tema.
Y es que hace unos días, un juez federal concedió una suspensión provisional a la magistrada Sonia Rojas Castro que evita por el momento se le reduzca su salario y que sea menor al del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
El juez Décimo de Distrito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, concedió la suspensión bajo el argumento de garantizar la independencia del Poder Judicial.
“Entonces, al ponderar la afectación que la quejosa pretende evitar (vertiente objetiva) y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar se ocasionaría un daño mayor a la sociedad que con el otorgamiento de la misma.
“Lo anterior, ya que de negarse la suspensión, previsiblemente, se atentaría contra el principio de independencia del Poder Judicial, considerado como una garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, ello además en trasgresión directa al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia”, señaló.
