COMBATE A HUACHICOLEO DEJA 558 DETENIDOS Y CUENTAS CONGELADAS: SHCP

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que han sido detenidos en flagrancia 558 sujetos pertenecientes a varias bandas de robo de gasolinas, cuyos asuntos se encuentran en proceso.

En reunión de trabajo junto con otros funcionarios federales ante los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar la estrategia de combate el robo de combustible o “huachicoleo”, explicó que hasta ahora 33 sujetos han sido denunciados antes las autoridades judiciales y sus cuentas han sido bloqueadas.

A otros 188 sujetos relacionados con estos delitos les han sido bloquedas sus cuentas bancarias a partir del inicio de este operativo contra el “huachicoleo”.

Los montos de los depósitos en cuentas bancarias ascienden a más cinco mil millones de pesos y los retiros de estas mismas cuentas a más de mil 633 millones, indicó el funcionario.

Apuntó que la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con una base de datos de bancos, detectaron que 40 mil millones de pesos habían sido reportados como una posible actividad de lavado de dinero.

De estos, 10 mil millones de pesos estaban relacionados directamente con temas vinculados con el robo de hidrocarburos que introducían al sistema financiero, ya sea en efectivo o por la venta en gasolineras de estos combustibles robados.

Mencionó que desde el inicio de la estrategia de combate al robo de hidrocarburos impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han congelado 800 millones de pesos de cuentas de personas presuntamente relacionadas con este delito.

Consideró que es necesario llevar a cabo reformas legales para que ese dinero que se encuentra congelado en cuentas bancarias del sistema financiero pueda ser trasladado a la Tesorería de la Federación, para que los intereses que genere puedan formar parte del patrimonio del Estado mexicano, en tanto un juez determina un posible decomiso de bienes.

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