CDH busca proteger a inquilinos morosos

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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH), Nashieli Ramírez Hernández, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos local, referente al desalojo de personas de viviendas.

Por medio del documento, la titular de la CDH local propone que, en caso de que un inquilino no pueda pagar la renta por falta de recursos, no podrá ser desalojado hasta que el gobierno no realice un estudio socioeconómico que lo acredite; también la administración local estará obligada a conseguir una vivienda similar en un radio no mayor a 15 kilómetros a la redonda.

Dichos lineamientos estaban establecidos en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la capital, que fue aprobada el 8 de febrero pasado, sin embargo, en junio la ley fue modificada por el Congreso exponiendo que ninguna persona podrá ser desalojada sin un mandamiento judicial, aunque se debe garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso y procurar en todo momento la mediación y conciliación; además las personas afectadas por desalojo podrán solicitar a las autoridades su incorporación a los programas de vivienda.

Ante la modificación del artículo Ramírez Hernández expuso que la primera ley cumple con los estándares internacionales y la reforma es inconstitucional debido a que los legisladores no loa aprobaron garantizando el derecho a la propiedad, ni evita los desalojos forzosos, pues vulneran a integridad personal y la salud de las personas, además de que no se garantiza que los desalojos se lleven conforme a la normatividad.

La presidenta de la CDH solicitó a los magistrados de la SCJN que realicen una revisión a dicha reforma para determinar la invalidez del contenido y se ordene al Congreso local que se legisle nuevamente buscando la mediación y conciliación, para evitar el uso de la fuerza.

También pidió que se establezca una indemnización en caso de que las personas desalojadas fueran privadas de sus bienes o sufran pérdidas materiales.

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