La iniciativa de reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir la subcontratación de personal en el país contempla sanciones para empleadores que incurran en esta práctica, con cárcel, por el delito de defraudación fiscal.
La iniciativa dirigida a la Cámara de Diputados para erradicar el outsourcing que se aplica de forma legal en México desde 2012, propone reformar el Código Fiscal de la Federación para castigar con hasta nueve años de cárcel a quienes evadan el pago de ISR, IVA y cuotas del IMSS e ISSSTE mediante la subcontratación de personal.
La propuesta establece prisión preventiva oficiosa sin derecho a fianza y la posibilidad de agravar las penas para castigar al infractor cuando actúe en complicidad.
Con la modificación a la Ley Federal del Trabajo se tabularían sanciones económicas que podrían rebasar los 4.3 millones de pesos para castigar a quienes realicen subcontratación de personal, a las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas sin autorización.
Asimismo, en la Ley del Seguro Social se proponen multas de hasta 150 mil pesos cuando las empresas no entreguen la información y documentación a los trabajadores sobre su contratación.
De acuerdo a la propuesta del Ejecutivo federal se contempla cambios y derogaciones a diversas disposiciones en la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La reforma laboral que promueve el mandatario considera que el permitir la proliferación en el uso de la subcontratación daña los derechos laborales que protegen a las personas trabajadoras y disminuye de manera significativa las obligaciones de los patrones.
