En el país, se perdieron más de 346.000 empleos formales entre el 13 de marzo y el 6 de abril, debido a la pandemia de coronavirus y se espera que el desempleo crezca.
El gobierno ha recomendado a los trabajadores que reaccionen ante los despidos o suspensiones, pero quienes no tienen la capacidad de negociar una indemnización justa o un salario parcial con sus empleadores tendrán que presentar demandas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Pero las juntas están cerradas durante la epidemia y los casos, en general, duran al menos cuatro años para llegar a un resultado, mientras que ya hay 1 millón de casos pendientes, aseveran los abogados.
“Cuando haya posibilidades de que puedan abrir (…) habrá filas y filas de demandas y unos pocos trabajadores que podrán atender esos casos” Manuel Fuentes, un abogado laboral que representa a los trabajadores, a la Fundación Thomson Reuters.
En los últimos cinco años, el presupuesto federal de las juntas laborales se redujo en un 30 % a 746 millones de pesos (USD 31.7 millones).
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social no respondió ante la solicitud de comentarios al respecto.
“La justicia laboral en México está colapsada por décadas y décadas de estar desatendida”, expresó Gilberto Chávez, coordinador de la Comisión de Trabajo del Colegio de Abogados de México, y agregó que algunos trabajadores tienen por delante largas esperas.
