Para la exfuncionaria de la ONU y la OEA, Patricia Olamendi, hay una incapacidad de las autoridades de la Ciudad de México y el resto del país para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia física o sexual.
En nuestro país “solo dos por ciento de las víctimas de violación denuncian, allí está la encuesta de victimización”, dijo Olamendi y destacó que no se han dado las condiciones para que las mujeres confíen en la autoridad y acusen a sus agresores.
En contraste, en Colombia, Brasil y el resto de América Latina, existen las Comisarías de la Mujer, que facilitan que una víctima de agresión física o sexual denuncie, pues allí es atendida por funcionarias.
Las Comisarías de la Mujer “son áreas especializadas de la policía, donde las mujeres regularmente atienden los casos y eso garantiza que una víctima –de violencia física o sexual– sienta la confianza para poder denunciar un delito”, dijo la abogada.
Incluso “en países más desfavorecidos como Guatemala o El Salvador, están las Comisarías de la Mujer, y los juzgados especializados en violencia intrafamiliar”, explicó.
Pero en México hay una infraestructura más limitada: “no existen Comisarías de la Mujer, no hay juzgados ni policías especializados, hemos propuesto muchas veces que se abran juzgados especializados en violencia intrafamiliar, pero hay una negativa del Poder Judicial”, dijo.
Olamendi, quien formó parte del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre discriminación hacia las mujeres, afirmó que en tanto que hay alerta de género en la mitad del país se requiere cuando menos una Comisaría de la Mujer en cada municipio.
La abogada, quien coordinó el Mecanismo contra la Violencia hacia las Mujeres en la OEA, destacó que “no es tanto el dinero que se requiere, como una cuestión de voluntad política, para garantizar un presupuesto y una infraestructura para proteger los derechos de las mujeres”.
