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“YO SOY SU PADRE”: ZEDILLO A AMLO

Vladimir de la Torre Morín

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En febrero de 1994 López Obrador rindió protesta como candidato a gobernador del PRD. Pocos meses después, el priista Carlos Salomón le hizo llegar un mensaje del recién elegido candidato a la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo, que le proponía que fuera abanderado común del PRD y el PRI para gobernar Tabasco. Zedillo quería hacer a un lado a Roberto Madrazo.

Andrés Manuel cuenta años después: “Muy respetuosamente respondí que estaba convencido de la necesidad de la democracia, que luchaba por eso y que lo principal no era la gubernatura. Le dije que lo único que pedía era juego limpio: elecciones libres y justas”.

El 13 de noviembre del mismo año, ante miles de simpatizantes, López Obrador cerró su campaña en la Plaza de la Revolución de Villahermosa. La elección sería una semana después, el día 20, Roberto Madrazo anunció su victoria ante el perredista con 297 mil 365 votos contra 200 mil 87. Inició una lucha por el poder que, este año, llevará a Obrador a competir en su quinta elección constitucional, hasta ahora ha ganado una (2000), ha perdido tres (1994-2006-2012).

López Obrador no aceptó perder la gubernatura de Tabasco. Impugnó la elección y participó en el bloqueo de 435 instalaciones de Pemex. López Obrador organizó también acciones de resistencia civil para que los tabasqueños no pagaran la electricidad ni los impuestos. Con Tabasco convertido en una pira olímpica, el 23 de abril de 1995 efectuó la Caravana por la Democracia a la Ciudad de México.

La negociación para levantar el plantón en el Zócalo de la capital la encabezó Andrés Manuel y Manuel Camacho Solís, secretario general del PRI, allí conoció a Marcelo Ebrard, entonces secretario particular de Camacho. Se guardó, pero no tardó en regresar por más.

En febrero de 1996 encabezó bloqueos a instalaciones petroleras de Tabasco para exigir indemnizaciones a más de 40 mil campesinos y pescadores afectados por las actividades de Pemex. En abril de 1996 contendió por la presidencia nacional del PRD contra Heberto Castillo y Amalia García.

El 15 de abril el gobierno federal, PRI, PAN, PRD y PT llegaron a un acuerdo sobre reformas electorales, integrado por 79 puntos, uno era la elección del Jefe de Gobierno del DF a través del voto directo. El documento fue resultado de negociaciones en las que también participaron Santiago Creel, José Agustín Ortiz Pinchetti y Jaime González Graff. Aseguraban que para aspirar a ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México los aspirantes debían comprobar su residencia en las ciudad con al menos 5 años el día antes de la elección.

En marzo de 2000 se inscribió Andrés Manuel y como era natural no contaba con los cinco años de residencia en la Ciudad de México estipulados por el estatuto capitalino.

Obrador de nueva cuenta convocó a la resistencia civil para evitar la anulación de su candidatura a la jefatura de gobierno. Tomó varios puntos importantes de la capital del país y puso en jaque al sistema. En medio de la elección presidencial, el ascenso de Vicente Fox en las encuestas y la caída visible de Francisco Labastida, el candidato del PRI, la tormenta era perfecta.

Zedillo accedió. Envió a sus más cercanos colaboradores, entre ellos a Juan Ramón de la Fuente a conversar con López Obrador. De la Fuente regresó convencido de algo: Obrador no dejaría el movimiento y la resistencia civil sin que lo dejaran participar en las elecciones.

En cuestión de horas el avance en la ley electoral logrado en la reforma de 1996 y 1997 se vino abajo; Zedillo abrió espacio, y Obrador, aunque no cumplía con el requisito de residencia pudo competir en el proceso. Compitió y ganó, por un estrecho margen pero ganó.

Acumuló el 34.5% de los votos emitidos, contra 33.4% del panista Santiago Creel. Aquella ocasión no hubo fraude. Zedillo pidió a Creel no impugnar la elección y Obrador se convirtió en Jefe de Gobierno. Desde el llamado, Distrito Federal, Obrador empató con el 2006.

Otro evento marcaría el crecimiento de Obrador en el país, el intento de desafuero que le propició Vicente Fox desde Los Pinos. Un episodio que elevó la popularidad del perredista y lo sentó en la presidencial del 2006.

En una mesa de conocidos políticos, le preguntaron a Zedillo, si a él o Fox le debía Obrador lo que representa: “Fox le dio la mayoría de edad, pero visto desde la perspectiva actual, yo soy su padre”.

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OBRADOR LOS JÓVENES SON INMADUROS, NO TONTOS.

Vladimir de la Torre Morín

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Difícil encontrar una política pública presupuestada y eficiente dirigida a la juventud en los últimos 30 años planteada, valorada y orquestada desde el Estado mexicano. Marginados de la toma de decisiones y subestimados, los jóvenes en México han crecido sin un esquema que les permitiera siquiera intervenir en las decisiones que les competen.
En 2018 la población mexicana entre 18 y 30 años suma 41 millones de personas, es la tercera parte de la población del país. No es un privilegio exclusivo de México, Latinoamérica y el Caribe tienen un “bono demográfico” con abundancia de jóvenes, pero desaprovechado.
En el primer trimestre de 2018, la población económicamente activa (PEA) en México de 15 a 29 años ascendió a 16 millones de jóvenes, de los cuales 15 millones se encuentran ocupados, la mala noticia es que el 60.6% de ellos se encuentran en el sector informal. En otras palabras, están transitando su juventud sin garantías, sin seguro social, sin acceso a programas que les permita garantizar una vivienda.
No es extraño entonces que los jóvenes se hayan convertido en los principales activistas en contra del sistema político mexicano.
Desde la elección del 2012, Andrés Manuel López Obrador detectó el deficit de atención que tuvieron los jóvenes en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Incluso el creado Movimiento 132 fue una expresión del hartazgo de la marginación. Que surgiera un movimiento de izquierda a a favor de Obrador en el corazón de una universidad de derecha ilustra el fenómeno.
Obrador perdió en 2012 pero en 2018 repitió la fórmula, fue en busca de los jóvenes y visitó varias universidades donde estudian los hijos de lo que el llamó la “mafia” del país. No fue a la Unam pero aceptó visitar reunirse con estudiantes del Tec de Monterrey. La estrategia era simple, meterse en casa de los empresarios a través de sus hijos.
Cuando el PRI decidió incluir a los jóvenes en el reparto de candidaturas, una de tres, para garantizar su inclusión social y política, las alarmas sonaron en la campaña del candidato presidencial de “Juntos haremos Historia” y direccionó un fuerte discurso a los jóvenes: “crearé 100 universidades nuevas, tendrán seguro de empleo y desempleo hasta que busquen un trabajo” y una docena de propuestas más para quienes estaban del otro lado de las redes sociales.
Los jóvenes compraron las propuestas, las distribuyeron y se convirtieron en un ejercito de activistas a favor de Obrador y en contra de todo lo que respirara en otros partidos políticos.
¿Cómo se explica que entre todos los nombramientos que ha entregado Andrés Manuel solo uno sea para una joven menor de 40 años? ¿Por qué entre las ocho personas que estarán más cercanas a la oficina de López Obrador no hay nadie menor a 40 años? Obrador quiere a los jóvenes, pero lejos.
Bajo que criterio el próximo gobierno federal nombra a futuros funcionarios de las excolaboradores de las administraciones de José López Portillo, Luis Echeverría, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas y pasa por alto el semillero de jóvenes mexicanos que tendrían mucho que aportar a México.
Su concepción no es nueva, en 2012, López Obrador había anunciado 20 nombramientos de puestos gubernamentales en caso de ganar la Presidencia. Era un gobierno de veteranos. El promedio de edad de las personas que lo acompañarían era de 63 años. Seis años después, muchos repiten ya cercanos a los 70 años. El de mayor edad ya cumplió 80.
La diversidad generacional en su equipo de gobierno es un gran tema pendiente del próximo gobierno federal.
Los jóvenes pueden ser inmaduros, pero no permitirán que los traten como tontos.

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Cortan la lengua al INE

Vladimir de la Torre Morín

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Si faltaba algo para que el 1 de julio fuera un día tenso, el ingrediente ya fue incluido, la jornada electoral se convertirá en la tormenta perfecta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la reforma al Reglamento de Elecciones que pretendía acelerar el conteo de votos a la presidencia de la República y anunciar al ganador.
La del 2018 no será una elección sencilla, ni menos compleja que la del 2006 y 2012, la que se avecina es la madre de todas las elecciones: 1 presidente, 128 senadores, 500 diputados federales, 8 gobernadores, un jefe de gobierno de la Ciudad de México, y 2 mil 697 cargos en 30 elecciones estatales. Un total de 3,326 cargos de elección popular.
Se imprimirán 520 millones de boletas; 7 entidades permitirán el voto de los mexicanos en el extranjero; se instalarán 156 mil casillas. Se digitalizarán 460 mil actas que se publicarán en internet y que alimentarán al PREP; un millón 400 mil mexicanos serán funcionarios electorales y 87 millones 159 mil 497 mexicanos podrán ejercer el voto.
La reforma al Reglamento de Elecciones permitía abrir y cerrar las urnas antes del conteo, para identificar si otras boletas fueron depositadas por error en otras urnas, y en su caso, devolverlas a la urna que corresponda. Los ciudadanos tendrán entre cuatro y hasta 7 boletas en las manos, las posibilidades de equivocar la urna donde las depositarán pueden ser frecuente.
El INE en su capacitación tenía contemplado que los funcionarios de casillas contaran en este orden los votos por casilla: 1-Presidente de la República; 2-Senadores; 3-Diputados federales; 4-Gobernador; 5-Alcaldes; 6-Diputados locales; 7-Juntas municipales. Primero abrirían las casillas y verificarían que las boletas estuvieran en las casillas correctas y procederían al cómputo.
Según el INE esto permitiría llenar el acta presidencial de manera más rápida, pero el Tribunal consideró que el Instituto sobrepasaba sus facultades ya que el modelo de conteo viola la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que prohibió este cambio.
Al INE le han cortado la lengua, no habrá, como siempre, dos mesas de votaciones, será una sola para las elecciones federales y locales y los funcionarios de casillas tendrán que tener una tarea magistral. Contar miles de votos de las urnas, una por una, y en la medida en que aparezcan boletas que fueron depositadas en la casilla incorrecta, ordenarlas según corresponda hasta que cuenten la última, sabrán entonces cómo habrán quedado los resultado por cada elección.
El órgano electoral, máximo responsable para organizar el proceso y declarar ganador, dice para defenderse: “El INE va acatar lo que dice la máxima autoridad en la materia, pero reiteramos que la certeza no solo es cumplir con la ley, sino dar información oportuna a los ciudadanos, que es un derecho fundamental. Lamentablemente la autoproclamación de la victoria es frecuente y transversal en todas las fuerzas políticas, lo que sumado al vacío de información abona a la especulación e incertidumbre”, indicó el presidente Lorenzo Córdova Vianello.
Es un tema crucial para la estabilidad política y económica del país, dar a conocer a tiempo el ganador, pero el INE advierte que bajo estas circunstancias los resultados del conteo rápido podrán estar disponible entre la 1:00 am y las 5:00 am. Es decir, el programa de Resultados Preliminares que antes tenía un avance a las 12 de la noche de cerca del 50% el día de la elección, tendrá apenas un 12% con la nueva medida.
En las elecciones del 2000, 2006 y 2012, en punto de las 11:00pm el instituto electoral se manifestó con respecto a la elección y anunció a un posible ganador; excepto en 2006 que advirtió que no había condiciones para declarar a un ganador, la diferencia final de votos fue de menos de un punto porcentual. El país se desveló y se paralizó aquél domingo 6 de julio, ni el lunes 7, ni el martes 8 había certeza de quién sería el presidente de México, la bolsa mexicana se desplomó, y fueron 72 horas de incertidumbre política.

Fueron días negros para el instituto electoral, y una creciente percepción de fraude que fue alentado por unos de los candidatos y sus simpatizantes. El resultado: la sustitución de los consejeros electorales y una reforma política-electoral severa.
Con este antecedente, cortar la lengua y amarrar las manos al arbitro es un riesgo sin precedentes.

 

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ENRIQUE OCHOA SE TIENE QUE IR

Vladimir de la Torre Morín

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Enrique Ochoa ya fue todo lo útil que sería para el partido. El presidente del PRI que no entendió cuál era su papel y que se negó a buscar los equilibrios internos que le garantizaran la credibilidad necesaria para cumplir su responsabilidad histórica.

Expuesto, exhibido y desgastado de poco sirve a su partido. Ochoa al interior del PRI no fue el juez, fue un jugador más que quiso todo a costa de todo. No puso un alto, no lo puso porque era conveniente para él, pensó en él y en su grupo y no en lo que fuera mejor para el partido que representa.

Le entregaron, hace dos meses, a un candidato, al hombre posiblemente más limpio del gabinete, al más preparado, y es incapaz de sacarlo del tercer lugar de las encuestas. ¿Por qué? Porque se lo quedó para él. Porque lo hizo suyo. Porque no ha puesto ni puede poner un alto en una campaña que se cae a pedazos.

El partido no reacciona, y no lo hace porque hacerlo representaría apartar a Aurelio Nuño de la campaña, porque hacerlo implicaría que Ochoa renuncie, porque debió evitar que el círculo cercano al candidato se integre de expertos en finanzas sin experiencia política.

Enrique Ochoa se tiene que ir porque lo único que aporta a la campaña es su ego, y eso poco sirve. Porque no es interlocutor creíble ni necesario para nadie. Ochoa ha preferido salir en la foto, recorriendo las calles, en lugar de atrincherarse en un bunker para diseñar una estrategia de campaña que haga fusionar la imposición con la legitimidad.

Ochoa no entendió al militante de pie, al militante que aún no había terminado de digerir que un externo como él fuera el presidente del partido, y le recetaron a otro externo como candidato, y a otro más como coordinador de campaña. Las consecuencias son visibles.

Meade empieza a visualizarse como víctima de una guerra de egocentrismos injustificados. Ochoa se tiene que ir porque ni siquiera se dio tiempo para levantar del campo político los cuerpos tirados que dejó la postulación del candidato y se sumó, como adolescente en un videojuego, a decapitar los heridos.

Ochoa no ha podido salvar al partido de los errores naturales que provoca el ejercicio del poder. Para salvarse él, asintió a todo; para quedarse, dio la espalda; para justificarse, atacó a los adversarios internos; para sobrevivir, oxigenó lo institucional y disparó con un cañonazo a lo revolucionario.

Ochoa está en automático, inmolado, enterrando la razón como se martillan los clavos en el ataúd.
No importa lo que resulte el 1 de julio, que nadie pase por alto su responsabilidad en esta campaña.

 

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