El gobierno mexicano tiene que resolver a la brevedad posible los pendientes en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para cumplir con el capítulo contra la corrupción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que los tres países están obligados a establecer medidas eficaces de sanción y prevención de los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito para dar garantía a proyectos de desarrollo económico.
Se tipificaron los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito, por lo cual se tienen que establecer medidas eficaces de sanción y prevención de los mismos, así como promover la integridad de los funcionarios públicos y proteger a los denunciantes en las investigaciones, así como la correcta aplicación de las leyes de cada país en la materia.
Las políticas en temas anticorrupción no sólo son para los recursos públicos, sino para los contratos en infraestructura y las inversiones, representa una garantía para que el capital privado trabaje en un marco de legalidad, dijo.
El sector empresarial demanda que en un esfuerzo conjunto de autoridades federales y estatales se nombre al Fiscal Especial de Combate a la Corrupción, se designe a los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa e inicien operaciones los Sistemas Estatales Anticorrupción.
