Evo Morales buscaba un cuarto mandato luego de lograr una habilitación especial a una prohibición constitucional y tras perder un referendo en 2016, renunció el 10 noviembre tras perder el apoyo de los militares y la policía y fue reemplazado provisionalmente por la senadora de derecha Jeanine Áñez quien tres días después, denuncia un golpe de Estado.
Ante las irregularidades en su nueva reelección expertos realizaron el informe final de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en Bolivia y detectaron que hubo una “manipulación dolosa” y señalaron la imposibilidad de validar los resultados.
La presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, resaltó en una publicación, el proceso mediante se sancionó la ley que anuló los comicios y llamó a la conformación de un nuevo Tribunal Superior Electoral para que determine cuando se llevará a cabo el nuevo proceso electoral”.
El Análisis de Integridad Electoral sobre las Elecciones Generales de Octubre en Bolivia comprueba claramente el fraude del #20O, con la promulgación de la Ley para anular las elecciones fraudulentas, elegir un nuevo TSE y convocar en el menor tiempo posible nuevas elecciones. https://t.co/XK2gAjOTpu
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) December 4, 2019
Añadió que “la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable, y que su proclamación se dio por un aumento masivo e inexplicable de los votos del MAS en el 5% final del cómputo. Sin ese aumento, aunque el MAS hubiera conseguido la mayoría de los votos, no habría obtenido la diferencia del 10% necesario para evitar la segunda vuelta”.
La OEA indicó que los análisis del equipo técnico “permiten determinar que no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos”. “Fue simplemente una decisión arbitraria, cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática”, agregó.
“El equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y del análisis de las más de 200 denuncias y comunicaciones con información que se recibieron. Hacerlo sería un acto de suma irresponsabilidad y supondría incumplir el mandato asumido al momento en que se aceptó realizar la auditoría”.
