Mientras la población penitenciaria en la Ciudad de México crece de forma acelerada, los recursos para atenderla se reducen. Hoy, los centros a cargo de Andrés Ponce Aceituno albergan a 25 mil 689 personas privadas de la libertad, casi tres mil más que hace un año, lo que representa un aumento superior al 10 por ciento, de acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.
La paradoja es que, pese al incremento de internos, el Sistema Penitenciario capitalino cuenta con menos dinero para operar. Según información obtenida vía la Plataforma Nacional de Transparencia, este 2025 dispone de 5 mil 42 millones de pesos, más de 700 millones menos que en 2024. De ese monto, ya se han ejercido más de 916 millones. Lo inquietante es que el gasto del año pasado incluso superó lo presupuestado para este.
La reducción de recursos ocurre en un contexto alarmante: solo en el primer semestre de 2025 murieron 61 internos en cárceles de la capital, cifra mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior. El dato, incluido en los informes del OADPRS, vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad y salud dentro de los penales.
Organizaciones civiles han advertido que el hacinamiento, la falta de personal capacitado y el deterioro de la infraestructura son problemas estructurales que se agravan con la caída presupuestal. El panorama sugiere que, mientras aumenta la presión sobre el sistema, disminuyen sus posibilidades de garantizar derechos básicos y una verdadera reinserción social. La contradicción es evidente: se encierra a más personas, pero se invierte menos en atenderlas. Y la pregunta inevitable es cuánto tiempo podrá sostenerse esta fórmula antes de que estalle una crisis mayor.
